VELÁZQUEZ  ABOGADO

DERECHO MARÍTIMO.

Derecho marítimo en España: marco normativo, ámbitos y claves prácticas:

El derecho marítimo regula las relaciones jurídicas vinculadas a la navegación por mar y a la actividad desarrollada en torno a los buques: desde la seguridad y el control administrativo, hasta los contratos marítimos, el seguro, el salvamento y la responsabilidad civil cuando se producen daños. Es una rama con un fuerte componente técnico, marcada por la convivencia de normas internas, derecho de la Unión Europea y convenios internacionales.

En España, el derecho marítimo moderno pivota sobre una regulación actualizada a partir de 2014, sin que ello haya supuesto la desaparición completa de las fuentes históricas. En la práctica profesional, el análisis jurídico exige identificar con precisión: qué norma es aplicable, qué autoridad es competente y qué régimen de responsabilidad opera en función del tipo de buque, el lugar del incidente y la naturaleza de la operación (navegación, puerto, salvamento, contaminación, etc.).

1. Tres dimensiones del derecho marítimo: público, privado e internacional

a) Derecho marítimo público (relación con el Estado)

Incluye el conjunto de competencias administrativas y de seguridad: abanderamiento y documentación de buques, inspecciones, control de la navegación, régimen sancionador, protección del medio marino, y organización de la administración marítima (Capitanías Marítimas, Dirección General de la Marina Mercante, etc.). También abarca el marco portuario en puertos de interés general, donde entran en juego las Autoridades Portuarias, concesiones y servicios portuarios.

b) Derecho marítimo privado (relaciones entre particulares)

Comprende los contratos y responsabilidades entre operadores: transporte marítimo, fletamento, remolque, estiba, reparación, salvamento, seguros y financiación (incluida la hipoteca naval). En este ámbito, la discusión sobre qué servicio se prestó realmente y cómo se acredita (partes de trabajo, cronologías, medios utilizados, peritajes) es determinante cuando aparecen reclamaciones económicas relevantes.

En materia de servicios marítimos y controversias sobre precio o alcance del encargo, resulta ilustrativo que los tribunales analicen la naturaleza del servicio y la prueba del precio pactado o exigido en función del caso concreto: Audiencia Provincial de Pontevedra, 28/01/2026, ECLI ES:APT:2026:49.

c) Derecho marítimo internacional (convenios y UE)

La navegación está especialmente condicionada por normas internacionales (seguridad, contaminación, salvamento, responsabilidad) y por el derecho de la Unión Europea. En conflictos complejos —por ejemplo, siniestros con elementos de contaminación, operaciones de emergencia o buques extranjeros— la identificación del “bloque normativo” aplicable es, muchas veces, el primer paso para una estrategia jurídica eficaz.

2. Dónde se aplica: espacio marítimo, pabellón y puntos de conexión

En términos generales, el derecho marítimo español se aplica atendiendo a:

1º El espacio (aguas interiores, mar territorial y demás zonas bajo soberanía o jurisdicción española),

2º El pabellón del buque (buques españoles sujetos a la ley española allí donde naveguen, con matices),

3º El punto de conexión del contrato o del siniestro (puerto, operador, aseguradora, lugar del daño).

4º En el plano público, es relevante recordar que determinadas normas españolas se aplican como “leyes de policía” a quienes se encuentran en territorio o ámbito sometido a soberanía, incluidos supuestos vinculados a la navegación: Tribunal Supremo, 25/10/2022, ECLI ES:TS:2022:3869.

3. Fuentes del derecho marítimo: cómo se ordenan en la práctica

En el trabajo jurídico diario, conviene tener un esquema claro de jerarquía de fuentes:

Convenios internacionales ratificados por España (cuando resultan aplicables al caso).

Derecho de la Unión Europea (reglamentos y directivas).

Normativa estatal marítima y portuaria (incluidos reglamentos y normativa técnica).

Normativa mercantil y civil supletoria, usos y costumbre, en aquello no regulado de forma específica.

Aunque gran parte del régimen marítimo decimonónico dejó de ser central tras la modernización legislativa, en la práctica siguen apareciendo artículos del Código de Comercio con vigencia sectorial en materias concretas. Por ejemplo, el Código mantiene reglas relacionadas con seguridad y sujeción a reglamentos administrativos: art. 574 CCom; o con supuestos de naufragio y depósito de efectos salvados: art. 844 CCom.

4. La importancia de la prueba: peritajes, informes oficiales y trazabilidad

En conflictos marítimos —especialmente en siniestros en puerto o marina— la clave no suele estar en una sola norma, sino en la reconstrucción objetiva de los hechos. Algunas herramientas probatorias habituales son:

1º Peritajes navales independientes (causa del hundimiento, maniobras, daños compatibles),

2º Informes de Policía Portuaria y Autoridad Portuaria (cronologías y actuaciones), grabaciones (CCTV), fotografías y testigos, partes de trabajo, logs operativos, bitácoras y documentación técnica de los intervinientes.

Cuando la disputa incluye facturación de actuaciones de emergencia (salvamento, buzos, anticontaminación, remolques internos, coordinación), la trazabilidad documental es determinante para evaluar proporcionalidad y necesidad del coste.

5. Qué puede aportar un asesoramiento especializado:

La intervención jurídica especializada en derecho marítimo suele centrarse en:

Delimitar correctamente el marco normativo (internacional/UE/estatal) y la autoridad competente,

fijar estrategia probatoria desde el primer momento (conservación de CCTV, requerimientos fehacientes, obtención de informes), encauzar reclamaciones y subrogaciones entre aseguradoras, diseñar la defensa o la reclamación (civil/mercantil y, en su caso, contencioso-administrativa) con un enfoque técnico.

En siniestros marítimos, actuar temprano suele marcar la diferencia: permite preservar evidencia, ordenar la documentación y evitar que la controversia se convierta en un conflicto de versiones sin soporte técnico.